Foro por la Memoria de Guadalajara, - 29 Enero 2011
De P. Carlos Paramio y Xulio y Pedro García Bilbao. 15 de febrero
“LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN GUADALAJARA”, presentación del libro del mismo título a cargo de sus autores, Julio García Bilbao, Pedro García Bilbao y Carlos Paramio.
Federación Estatal de Foros por la Memoria, 14 enero 2011 - 16 Enero 2011
Sobre el Auto de la AN de procesamiento y entrega de John Demjanjuk por crímenes contra la humanidad cometidos contra republicanos españoles Sobre el Auto de la Audiencia Nacional de 7-Enero-2011, de procesamiento y entrega de John Demjanjuk por crímenes contra la humanidad cometidos contra republicanos españoles.
La Federación Estatal de Foros por la Memoria, como parte personada en la causa, expresa su satisfacción por el Auto, considerándolo un hito en la lucha contra la impunidad del franquismo y por los derechos de la víctimas del franquismo y del nazismo.
1. Estimamos especialmente relevante que las medidas procesales adoptadas significan la aceptación, por primera vez por parte de la justicia española, del carácter de víctimas de los republicanos españoles que sufrieron persecución a causa de sus ideas por parte del nacionalsocialismo y de su sistema de campos de exterminio.
2. Felicitamos al equipo jurídico de la acusación particular, entre ellos abogados de esta Federación, por estar desarrollando una estrategia jurídica razonada, rigurosa y sustentada en precedentes legales y sentencias firmes. Esta actuación contrasta con actuaciones de “aventurerismo judicial” no suficientemente reflexivas, que sólo cierran caminos al provocar sentencias y antecedentes jurídicos contrarios a los intereses de las víctimas del franquismo.
3. La posibilidad efectiva de procesar a los asesinos de ciudadanos españoles por crímenes contra la humanidad, pero únicamente en el caso de que hubieran sido cometidos por extranjeros y fuera de España, pone de relieve la plena vigencia del modelo español de impunidad, sustentado en la Ley de Amnistía de 1977 y certificado por la Ley 51/2007 de 26 de diciembre, conocida popularmente como “Ley de la Memoria Histórica”.
4. Creemos que el presente Auto, así como el de admisión a trámite de la querella (2008), constituyen un precedente jurídico que abre espacios y expectativas para cuestionar judicialmente en un futuro la impunidad de los crímenes del franquismo.
5. La Federación Estatal de Foros por la Memoria realizará próximamente en Madrid unas jornadas sobre el modelo español de impunidad, en las que participarán, entre otros, algunos de los abogados personados en la Causa de los SS Totenkopf. Procederemos a hacer pública próximamente la convocatoria de dichas Jornadas, una vez cerrados calendario y programa.
6. La Federación renueva su compromiso con las víctimas del franquismo y del nazismo, y permanecerá atenta para impedir que la dilatación de los trámites procesales, dada la avanzada edad de testigos y acusados, pueda frustrar la apertura de juicio oral y una posible sentencia condenatoria
14 de Enero de 2011
Enlaces de interés del Caso de los SS Totenkopf:
Texto de la querella penal contra cuatro ex SS Totenkopf que actuaron en campos de concentración nacional – socialistas donde hubo víctimas españolas (5-07-2008)
Informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional a favor de la competencia y de la admisión de la querella formulada en el caso de las víctimas españolas de los campos nacionalsocialistas. (14-07-2008)
Texto del Auto del Juzgado de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional declarando la admisión a trámite de la querella formulada en el caso de las víctimas españolas de los campos nacional-socialistas (17-07-2008)
Sobre el potencial práctico de la ley de memoria histórica española como ley de punto final
Cuando uno lee el libro “Traficantes de información”, de Pascual Serrano, se explica que en España siga siendo un espinoso tabú el asunto de las decenas de miles de asesinatos, un genocidio en toda regla para diversas autoridades en la materia, que cometió el fascismo español en los territorios que iba liberando y en la gloriosa posguerra. Resulta que los dueños o administradores de unos cuantos de los más importantes grupos mediáticos de nuestro país, presumible reflejo sociológico de la oligarquía patria en general, cuando no son italianos relacionados con Berlusconi, la mafia y el delito societario, son tardofranquistas recalcitrantes muy preocupados por seguir controlando el discurso público, sin dejar de naturalizar permanentemente una lectura revisionista y mentirosa del sangriento currículum del franquismo. Al fin y al cabo, el glorioso alzamiento fue la reacción de las clases privilegiadas, cagadas de miedo ante la democracia, ante el gobierno del pueblo, y se encargó, sin más, de dar una lección de silencio y sumisión a quienes habían tenido la osadía de siquiera plantearse la cosa de la justicia social en un país desangrado por una desigualdad exasperante. Cuando no se hace una apología descarnada del fascismo falangista, se impone un cuento de hadas de guerra fratricida, como si los señoritos y su ejército de italianos y marroquíes fueran hermanos de peones y porqueros. O se habla de la crueldad de los dos bandos , olvidando no ya los números, que hablan por si solos, sino la amarga casualidad de que los más de cien mil cuerpos que quedan por desenterrar son todos republicanos. Así, el cuentito se despliega con toda su potencialidad hasta duplicar el crimen, porque no sólo se asesina a los hombres y mujeres sino que también se fusila la dignidad de su causa y su memoria como quien no quiere la cosa.
Un ejemplo empírico de esta realidad que hace sonrojar a cualquier español fuera de España -salvo que se halle en círculos pinochetistas o ambientes por el estilo- es el caso de Candeleda (Ávila), donde las actividades del Foro por la Memoria de la comarca se encuentran con obstáculos que convierten en una pesada batalla lo que debería ser, en una democracia presuntamente normalizada, un sano ejercicio de recuerdo y dignificación de las víctimas. En este pueblo abulense ni se sabe cuántos fueron los asesinados tras la conquista por parte de las tropas de la oligarquía. Según Jesús Rivera, historiador local experto en la época de la II R epública española que está llevando a cabo ahora una investigación precisamente sobre la guerra civil en Candeleda, lo mismo asesinaron a cien que a trescientos en la desbandada posterior a la toma de la plaza… cuando se da el caso de que en esta localidad se respetó a rajatabla la legalidad vigente y ni un solo franquista sufrió daño alguno durante los meses de control republicano. Aun así, el castigo fue tremendo. El Foro por la Memoria ha documentado más de un centenar de fusilados en la zona y ha trabajado hasta el momento en el levantamiento de tres fosas comunes.
Para dar digna sepultura a los cuerpos que se van encontrando, la organización memorialista ha construido en el cementerio civil del pueblo, con una subvención del Ministerio de la Presidencia, una fosa mausoleo que homenajea a las víctimas del fascismo y los ideales democráticos por los que lucharon. Se erigió este otoño un lugar en el que se afirman los valores positivos de libertad y justicia social que defendieron contra los amigos de Hitler y Mussolini. Los activistas del Foro pensaron que resultaba conveniente adornar la tumba con una imagen laica y a la vez llena de esperanza, que fuera hermosa porque no podían ser cómplices de la pedagogía del terror franquista levantando un monumento tétrico o amenazador. Además, tenía que dejar bien clara la legitimidad de las ideas republicanas más allá del manido discurso de los horrores de la guerra, que echa en el mismo saco a los defensores de la democracia y los golpistas . Al fin y al cabo, la sublevación militar derribó una democracia constitucional, un estado de Derecho con todas las de la ley, y a estas alturas el mejor homenaje a quienes dieron su vida por la soberanía popular y la legalidad vigente del momento, y que siguen olvidados en las cunetas de las carreteras, era erigir bien altos sus símbolos y dejar bien claro que no son nada de lo que avergonzarse. Así que el Foro por la Memoria del Valle del Tiétar y la Vera tomó la decisión de pintar, en el muro principal del mausoleo, el cuadro “Alegoría de la II República Española”, una imagen representativa del periodo histórico y de las ideas del bando del poder legítimo del pueblo. Consiste en una joven de cuerpo bello y generoso que sostiene una balanza de la justicia y una bandera tricolor, acompañada de un león de las cortes, un arco iris, una locomotora, un avión y un paquebote. Simboliza la democracia, la justicia y el progreso, el núcleo duro de las ideas republicanas que tanto fastidiaban a esa España que, según Machado, nos había de helar el corazón…
…Y nos lo sigue helando, porque la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Candeleda ha notificado hace unos días al Secretario del Foro por la Memoria comarcal que, según la interpretación que hace el gobierno municipal de la Ley de la Memoria Histórica, esa pintura es nada menos que un “fraude de ley” si pretende ampararse en el citado texto legal para poder existir, como si sólo esa ley reciente amparara la expresión de los símbolos y valores de los vencidos en la guerra. La notificación del acuerdo de la Junta de Gobierno dice lo que sigue:
<<[...] esta Junta de Gobierno informa al interesado, que la entrada en vigor de la Ley 52/2007, no ampara la realización de obras o símbolos dirigidos a la recuperación de la memoria histórica si estos van a ser fuente de conflicto social, tal y como dice el artículo 1 de la citada Ley en la declaración de objetivos la presente Ley tiene por objeto… (sic) “adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la cohesión y la solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales.” Así pues no ampara la nueva realización de obras o símbolos que vuelvan a llevar al enfrentamiento. Siendo un fraude de ley el amparo de estas actuaciones en la citada Ley. [...]>>.
Es curioso que esta amalgama de síntomas de tardofranquismo haya sido redactada por un equipo de gobierno en el que todos los concejales menos uno pertenecen al PSOE. Unos días antes de que el Foro recibiera esta notificación, en plena Navidad, algún imbécil, no se sabe si por casualidad, llenó de su despreciable mierda subhumana el monumento, que ya ha sido limpiado convenientemente. ¿Se trata de demostrar, así, que la hermosa alegoría de la República, es decir, de todos y cada uno de los valores democráticos, vuelve a llevar al enfrentamiento? ¿Sostiene entonces el consistorio candeledano que fueron la República (un auténtico estado de derecho), sus valores constitucionales y sus símbolos los que llevaron al enfrentamiento? ¿Quieren volver a imponer que el golpe de estado fascista, liderado por la Falange, fue cuanto menos tan legítimo como el orden democrático que sustituyeron por una dictadura sangrienta? ¿Piensan quizás que deben retirarse los monumentos de homenaje a las víctimas del terrorismo, con sus símbolos españolistas, de los cementerios del País Vasco, porque vuelven a llevar al enfrentamiento?
Recordar no es trocar la verdad por cuentos que legitiman los peores horrores. Es muy triste que, a pesar de las promesas de los legisladores, se esté tratando de utilizar la Ley de la Memoria Histórica como una auténtica ley de punto final. Sólo al que quedó impune de todos sus crímenes le conviene un falso recuerdo, que es como decir el auténtico olvido. Esa ley habla de reparar los daños sufridos por generaciones de españoles sometidos al asesinato, la tortura y la represión por sus ideas democráticas. ¿Cuáles son, si no, los valores y libertades constitucionales en torno a los que debemos fomentar la cohesión y la solidaridad entre las diversas generaciones de españoles? ¿Los que propugnan la censura de símbolos demócratas porque fueron derrotados por un golpe de estado sangriento?
El texto ha sido ratificado por 21 países de los 87 que lo firmaron hace cuatro años
EL PAÍS / AGENCIAS – Madrid / Ginebra -
La Convención Internacional de Protección contra las Desapariciones Forzadas, de las que son víctimas varias decenas de miles de personas, especialmente en América Latina, ha entrado hoy en vigor, cuatro años después de su aprobación, ha dado a conocer la ONU. El proceso se ha llevado a cabo después de su ratificación por Irak, el 23 de noviembre, y Brasil, el 29 del mismo mes, por lo que ya son 21 países, de los 87 firmantes, los que han ratificado la Convención. En virtud de las reglas internacionales, una Convención puede entrar en vigor tras haber sido ratificada por 20 estados.
El nuevo texto obliga a los países que lo respaldan a sancionar penalmente la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad perpetrada por funcionarios o grupos ligados al Estado. La Convención prevé igualmente que los países firmantes indemnicen a las víctimas directas de desapariciones forzadas y que estos actos pueden constituir un crimen contra la humanidad cuando sean generalizados o sistemáticos.
La noticia ha sido bien acogida la ONG Human Rights Watch que considera que esta Convención “debería reforzar los esfuerzos internacionales para acabar con esta práctica terrible”. “La entrada en vigor de este tratado es un hito inmensamente importante, pero, para acabar con esta práctica, será necesario que todos los países reconozcan que es inaceptable secuestrar a personas y esconderlas”, ha señalado Aisling Reidy, asesora legal principal de la ONG pro derechos humanos.
Celebración en Argentina
Según Cruz Roja, varias decenas de miles de personas en Irak esperan aún noticias de familiares desaparecidos desde el año 1980, mientras que en Bosnia son más de 10.000 los que no tienen información de sus personas cercanas tras el conflicto de los años noventa. Human Right Watch añade que la situación es igual de preocupante en el norte del Caucaso, especialmente en Chechenia , en Oriente próximo, América Latina y Pakistan, “donde cientos de personas han desaparecidos desde 2001″.
Argentina también ha celebrado la entrada en vigor de la Convención impulsada por este país y Francia ante Naciones Unidas. El canciller argentino, Héctor Timerman, que ha celebrado la plena vigencia junto al embajador francés en su país, Jean Pierre Asvazadourian, ha destacado que el texto “marca un punto de inflexión histórico en la lucha liderada en forma mancomunada por el movimiento de derechos humanos y la comunidad internacional por la dignidad de las personas y la salvaguardia de su integridad física y moral”. Timerman ha recordado a las “30.000 personas” desaparecidas durante la dictadura argentina (1976-1983) y ha destacado que para sus compatriotas “es de especial significación la continua expansión en el Derecho Internacional con la calificación de las desapariciones forzadas masivas o sistemáticas como un crimen de lesa humanidad”
Los países que han incorporado a sus legislaciones este instrumento internacional son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Francia, Alemania, Honduras, Irak, Japón, Kazajistán, Malí, México, Nigeria, Paraguay, Senegal, España y Uruguay.
Secretaría de Memoria Histórica del PCM, 24-12-2010 - 25 Diciembre 2010
Martes 28 de diciembre, a las 12 horas, en la calle Juan de Vera nº 5
El próximo martes 28 de diciembre, a las 12 horas, se inaugurará en la calle Juan de Vera nº 5, en el barrio de Delicias, una placa de homenaje y recuerdo a nuestra camarada Juana Doña en la fachada que fuera su casa los últimos años de su vida.
Este reconocimiento institucional ha sido posible gracias al tesón de los compañeros y camaradas del grupo de Izquierda Unida del distrito de Arganzuela que han invertido cuatro años de gestiones para hacerlo realidad.
Arturo Peinado. Federación Estatal de Foros por la Memoria
¿Qué tipo de democracia defiende el señor Leguina que nos exige silencio, que pretende obligarnos a aceptar la injusticia y la impunidad de los crímenes franquistas?
“Quienes no tienen el valor de luchar deberían tener al menos la decencia de callarse”. José Martí
Las personas que, de un modo u otro, estamos involucrados en el movimiento social por la recuperación de la memoria (que cada vez es más un movimiento anti-impunidad), sabemos que la lucha por la Justicia, la Verdad y la Reparación para las víctimas del franquismo, no ha sido ni va a ser un camino de rosas. Sin embargo, al parecer no lo estamos haciendo del todo mal, cuando como respuesta a nuestras acciones se comienzan a sacrificar torres y alfiles tras el fracaso de los peones.
Esta reflexión surge a partir de la lectura del libelo recientemente publicado por el prestigioso demógrafo, ex presidente de la Comunidad de Madrid y miembro del Consejo Asesor de Doña Esperanza Aguirre, Joaquín Leguina.
La lectura de “El duelo y la revancha”, que así se llama el opúsculo en el que Leguina desparrama sus frustraciones, genera sensaciones varias: primero asco, después lástima, por último vergüenza ajena. Y no necesariamente en este orden.
Parece ser que el hecho de haber salido como derrotado de la presidencia de la Comunidad de Madrid ha provocado en el señor Leguina algún trauma o variedad del Síndrome de Estocolmo, porque no creemos que su actuación responda meramente al agradecimiento por el puesto más bien simbólico que ha tenido a bien otorgarle la Lideresa en su munificencia, o que a estas alturas aspire a una portería de finca urbana, despacho de quinielas, estanco o gasolinera.
Pero sobre todo nos resulta difícil comprender por qué un señor que se supone sigue llevando en el bolsillo el carnet del partido de Pablo Iglesias, Besteiro, Prieto, Largo o Negrín, no tiene ningún empacho en alinearse con quienes derrotaron, asesinaron, encarcelaron, exiliaron… a los que se supone son los suyos, tras sublevarse contra el Gobierno democrático y secuestrar la soberanía nacional a punta de pistola y crucifijo durante cuarenta años. Es más, en su panfleto el señor Leguina hace una “interpretación” particular de lo sucedido en la guerra civil con la que rebasa por la derecha a los más siniestros y desprestigiados “recauchutadores del pasado”. La versión de la historia de la guerra civil que presenta el señor Leguina ya estaba desautorizada cuando el maestro Southworth vapuleaba de manera inmisericorde a Ricardo De la Cierva.
Pero el objetivo de este artículo no es realizar valoraciones subjetivas sobre la indignidad, la bajeza moral y la indigencia ética de Joaquín Leguina, algo que, por otra parte, él mismo se preocupa de dejar patente en sus últimos escritos y cuando se deja exhibir como modelo de “izquierda responsable” en las tertulias de Radio-Odio, y otros medios de comunicación de esa derecha que sigue utilizando la cabeza únicamente para embestir.
Por favor, ¿en manos de qué clase de gente ha estado la izquierda de este país, para acabar expuestos como trofeos en el despacho de Espe (véase la señora Alberdi), dejándose utilizar a modo de excusa o coartada pluralista como tertulianos en los medios “neocon”, o recibiendo de regalo de cumpleaños (magro pago a los servicios prestados) un reloj de oro por los responsables de lo acaecido en Vitoria y Montejurra?
¿Qué tipo de democracia defiende el señor Leguina que nos exige silencio, que pretende obligarnos a aceptar la injusticia y la impunidad de los crímenes franquistas, muchos de ellos cometidos no en las décadas de los 30 ó los 40, sino coincidentes en el tiempo con los realizados por las dictaduras del Cono Sur americano?. ¿Pero no salió en la tele hace 35 años un señor con bigotillo diciéndonos que “la lucecita de El Pardo” se había extinguido definitivamente?.
¿Qué autoridad esgrime don Joaquín para negarnos el derecho a exigir la anulación de las sentencias franquistas, a día de hoy plenamente legales y firmes, a pesar de una paupérrima Ley de Memoria que el Sr.Leguina critica por revanchista?. ¿Aún no podemos decir públicamente que el proceso de Puig Antic estuvo plagado de irregularidades; que Julián Grimau fue defenestrado y que la composición del tribunal que le condenó era ilegal; que Granado y Delgado eran inocentes de todas las acusaciones que se les hicieron? ¿Porqué ocultar que a ellos y a muchos miles más se les sometió a salvajes torturas por las cuales nunca nadie se ha sentado ante un tribunal, gracias a la Ley de Amnistía de la que el señor Leguina se manifiesta tan orgulloso y cuya anulación ha recomendado la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, equiparándola a otras leyes de punto final?
Joaquín Leguina escribe que muchos de los republicanos condenados y asesinados eran simples criminales, que se lo estaban buscando. ¿Se merecían el asesinato judicial los rectores de universidad Joan Peset, Leopoldo Alas, Salvador Vila?. ¿Se habían buscado ser juzgados y fusilados por sus compañeros perjuros miles de militares leales a la República, como Batet, Núñez de Prado, Escobar, Campins…?. ¿Y los funcionaros, los obreros, los jornaleros, las mujeres rapadas y violadas…?.
Incluso en caso de que se pudiera presuponer que alguna víctima del franquismo hubiera cometido delitos, ¿ha oído alguna vez el señor Leguina hablar de garantías procesales?. Porque todas y cada una de las víctimas del franquismo que pasaron por los consejos de guerra o los siniestros tribunales, fueron juzgados y condenados en situación de manifiesta indefensión legal: mediante testimonios, “pruebas” y delaciones sin posibilidad de ser refutadas; con “confesiones” obtenidas por medio de la tortura y las palizas; sin opción de apelar las sentencias ante una autoridad judicial superior independiente. Pero sobre todo, ¿con qué derecho constituyeron tribunales, legislaron, juzgaron y condenaron quienes no tenían otra “legitimidad” que el hecho de haberse sublevado contra el gobierno democrático y legal, traicionando su juramento, a su pueblo y a su país?.
Y eso cuando hablamos de consejos de guerra, dado que muchos miles de defensores de la legalidad democrática ni siquiera fueron juzgados: los asesinaron y permanecen aún enterrados en centenares de fosas comunes clandestinas (gran número de ellos, si no la mayoría, miembros de Casas del Pueblo, de la UGT y del PSOE como el señor Leguina), sin que los jueces se dignen a intervenir y permaneciendo sus familias en estado de absoluta indefensión jurídica. Que España sea a día de hoy el segundo país del mundo en número de desaparecidos tras la Camboya de Pol-Pot, sí que es un escándalo, una vergüenza y un hecho que pone en cuestión los fundamentos de la actual democracia, y no lo que exaspera a Don Joaquín.
El señor Leguina y “los suyos” responden invariablemente a estos planteamientos con la manida explicación de que “todos (¿porqué usan siempre la primera persona del plural?) fuimos culpables, las atrocidades no fueron exclusivas de un solo bando”. El objetivo es subsumir esa “culpabilidad” global en una teórica irresponsabilidad colectiva, lo cual es un argumento falaz cuando hubo responsabilidad directa, consciente, premeditada y planificada sólo por parte de quienes libremente decidieron sublevarse contra el gobierno legítimamente constituido (por cierto, la planificación diferencia los delitos comunes de los crímenes de lesa humanidad).
El problema de fondo está en la brutal diferencia de trato entre unas y otras víctimas, porque si alguien ha hecho políticas de memoria en España ha sido el franquismo durante cuarenta años: de reparación material, “justicia” para los suyos, de socialización simbólica de sus valores por todos los medios posibles, incluyendo el sistema educativo, etc. Verdad y justicia que se negaron y se siguen negando a los defensores de la democracia y de la libertad, y a sus familias, también víctimas.
Pero, ¿cuál es el verdadero motivo de los exabruptos de Joaquín Leguina?. En el discurso que pronunció al recibir el Premio Cervantes en 2008, el poeta Juan Gelman decía: “Hay quienes vilipendian este esfuerzo de memoria. Dicen que no hay que remover el pasado, que no hay que tener ojos en la nuca, que hay que mirar hacia adelante y no encarnizarse en reabrir viejas heridas. Están perfectamente equivocados. Las heridas aún no están cerradas. (…) Su único tratamiento es la verdad. Y luego, la justicia. Sólo así es posible el olvido verdadero (…) Y sospecho que no pocos de quienes preconizan la destitución del pasado en general, en realidad quieren la destitución de su pasado en particular”.
Joaquín Leguina no tiene, que sepamos, un pasado o antecedentes franquistas pero es plenamente consciente de que toda la actuación de muchos “prohombres” de la Transición es radicalmente cuestionada por la visibilidad de los desaparecidos, de las fosas comunes, de las sentencias firmes de los Consejos de Guerra y del TOP, de las víctimas humilladas y saqueadas. Que la recuperación de la memoria histórica en nuestro país también expone a la luz pública a los beneficiarios económicos y políticos del franquismo, los pactos más o menos explícitos de impunidad y de silencio. Leguina y muchos otros temen que la recuperación de la memoria histórica no se limite a los años 30 ó 40, y que la sociedad empiece a conocer qué pasó y el papel de cada uno en torno a 1975 y los años posteriores.
El talón de Aquiles de la argumentación del señor Leguina es que las propuestas del movimiento memorialista y contra la impunidad del franquismo, son valoraciones que sobre el modelo español de impunidad expresan también algunos de los más prestigiosos juristas de todo el mundo, organizaciones internacionales de Derechos Humanos, e incluso las Naciones Unidas: La exigencia de anulación de la Ley de Amnistía de 1977 en cuanto que ley de punto final; la apertura judicializada de las fosas comunes franquistas como pruebas de crímenes contra la Humanidad imprescriptibles y no amnistiables; la necesidad imperiosa de anular las sentencias franquistas por lógica, por justicia y por higiene democrática, etc..
Nosotros formamos parte de una federación de organizaciones que realiza exhumaciones de fosas comunes del franquismo, mediante el trabajo (económicamente) desinteresado de voluntarios y familiares. Ofrecemos a Don Joaquín Leguina la posibilidad de que venga a explicarnos a pie de fosa durante la próxima exhumación que llevemos a cabo, ante los restos de nuestros compañeros asesinados, por qué tenemos que callar y olvidar. Nosotros y nosotras nos ponemos a su disposición para explicar, donde y cuando haga falta, que aspiramos a que este país deje algún día de ser una excepción en la aplicación del Derecho Penal Internacional y de los Derechos Humanos.
Los medios de comunicación dicen que exhumamos las fosas comunes y rescatamos los restos y la memoria de nuestros compañeros con el fin de devolverles la dignidad. Es un argumento completamente falso porque jamás la perdieron: quien carece de dignidad y de vergüenza es la sociedad española que se ha venido autoengañando y ha sido forzada a construir un “modelo de convivencia” sustentado en la ocultación del crimen, la imposición del silencio y la perpetuación de la injusticia.
Señor Leguina: ya pasó el protagonismo histórico de la generación de los “padres de la democracia”, y ha transcurrido el tiempo suficiente para que los historiadores (los de verdad) analicen sus acciones y las de sus coetáneos, así como las causas y motivaciones que había detrás. Exigimos respeto para los que usted llama “antifranquistas sobrevenidos”, quienes únicamente pretendemos realizar la labor de superación del franquismo y de implantación efectiva de la justicia, que ustedes no supieron, o no tuvieron el valor o la intención de hacer.
De cualquier modo, la reacción de Joaquín Leguina demuestra no sólo que tenemos la razón, sino que vamos por el buen camino.
Arturo Peinado. Federación Estatal de Foros por la Memoria, 10 de diciembre de 2010
Emilio Sales. Foro por la Memoria de Toledo, - 12 Diciembre 2010
Cuanta perrería se esconde en estas pintadas aparecidas en la tapia del cementerio de la localidad toledana de Menasalbas
¡Qué gran humanidad la de aquellos que se declaran depositarios de la fe, de los principios cristianos!, cuanta falsedad, cuanta ruindad la de estos delfines de los asesinos en masa, de los genocidas que hace más de setenta años iniciaron una “cruzada” para salvar a España de los que defendían la libertad, que miserables una gentuza que principiaron un golpe de estado para favorecer a las clases privilegiadas que, desde hace siglos, habían convertido nuestro país, nuestra patria, en un coto privado de señoritos, de “patriotas” de sacristía y caciquismo. Cuanta perrería se esconde en estas pintadas aparecidas en la tapia del cementerio de la localidad toledana de Menasalbas, en el mismo lugar donde desde hacía siete décadas estaban los cuerpos de diecisiete lugareños asesinados por los progenitores ideológicos de los “valientes” fascistas que pintan ese muro con frases indignas de una mente normal. Se que la desnutrición mental de esta gentuza puede ser motivo de un indulto legal, pero estoy seguro que su cobardía, su impunidad amparada en la colaboración de cierta parte de la sociedad de la localidad y de la presunta connivencia de la autoridad municipal, más pronto que tarde será castigada.
Ganasteis la guerra pero no la historia, nunca podréis vencer ante la dignidad de un pueblo.
El principio del manifiesto fue leído por José Campaña, “el caminante obrero”, que el 18 de octubre dejó Mairena de Alcor (Sevilla), y su familia y empezó a andar. El paso viernes 12 de noviembre llegó al parlamento después de haber recorrido a pie más de 600 Km para exigir Derecho a un trabajo digno
José Campaña tiene actualmente 45 años reside en para exigir su DERECHO A UN TRABAJO DIGNO.
Amnistía Internacional, 25 Noviembre 2010 - 6 Diciembre 2010
España es uno de los 20 Estados que la ha ratificado
Índice AI: PRE01/390/2010
Ante la noticia de que va a entrar en vigor un tratado histórico dirigido a impedir las desapariciones forzadas, Amnistía Internacional ha pedido hoy a todos los Estados que se comprometan a poner fin a esta práctica.
La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas entrará en vigor el 23 de diciembre, tras haberse convertido Irak el pasado miércoles en el vigésimo país que la ratifica.
La Convención tiene por objeto conseguir que se establezca la verdad de las desapariciones forzadas, se castigue a los responsables y se proporcione reparación a las víctimas y a sus familias.
“Es un importante paso en la lucha contra las desapariciones forzadas, que causan tremendo sufrimiento a las víctimas y a sus familias y comunidades”, ha manifestado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
“Sin embargo, estamos todavía muy lejos de haber relegado a la historia esta práctica generalizada –ha añadido Salil Shetty–. Aunque las 20 ratificaciones marcan un hito para la aplicación de la Convención, aún tiene que contraer el compromiso de ocuparse de las desapariciones forzadas casi el 90 por ciento de la comunidad internacional.”
Se produce desaparición forzada cuando una persona es detenida o secuestrada por un Estado o por agentes de éste y las autoridades niegan luego que esa persona se halle recluida u ocultan su paradero, dejándola fuera del alcance de la protección de la ley.
Las ramificaciones de las desapariciones forzadas son graves. Las personas sometidas a ellas suelen sufrir tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En muchos casos, se mata a la víctima en secreto y se ocultan sus restos, por lo que sus familiares y sus allegados no saben que le ha ocurrido ni si está viva o muerta. Además, sometidas a presión por el temor de la gente a que se la asocie con la persona desaparecida, pueden quedar fracturadas comunidades enteras.
Los Estados que ratifican la Convención se comprometen a realizar investigaciones para localizar a las personas desaparecidas, procesar a los responsables y garantizar una reparación a los supervivientes y a sus familias.
La entrada en vigor de la Convención traerá, además, consigo el establecimiento de un nuevo órgano internacional, el Comité contra la Desaparición Forzada.
Este órgano independiente e imparcial, vigilará la aplicación de la Convención y podrá recibir denuncias de víctimas o en nombre de víctimas cuando las autoridades nacionales no cumplan con sus obligaciones para con ellas.
Sin embargo, a fin de que el Comité pueda recibir y examinar denuncias de víctimas o de sus representantes, los gobiernos de sus países deben hacer una declaración accediendo a ello. De los 20 Estados que han ratificado la Convención, 14, incluido Irak, no la han hecho.
Amnistía Internacional llevaba más de un cuarto de siglo haciendo campaña en favor del establecimiento de una convención para prevenir y combatir las desapariciones forzadas en todo el mundo.
“En el marco de nuestra campaña por la justicia internacional, en los próximos años emprenderemos acciones para conseguir que los demás Estados ratifiquen también la Convención sin demora y reconozcan la competencia del nuevo comité para examinar denuncias de particulares”, ha afirmado Salil Shetty.
“Instamos a todos los Estados a que revisen su legislación interna para asegurarse de que pueden iniciar investigaciones y enjuiciamientos por este horrendo delito ante sus tribunales nacionales.”
Nota para los medios de comunicación
Los 20 Estados que han ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas son: