Comunicado de la Federación Estatal de Foros por la Memoria
Ante el nuevo atropello a la soberanía popular que el régimen de la
Transición ha puesto en marcha para perpetuarse, imponiéndonos
nuevamente a un miembro de la familia Borbón como jefe de estado no
electo, la Federación Estatal de Foros por la Memoria desea hacer llegar
a toda la población, así como a los partidos políticos, sindicatos y
organizaciones sociales su posición al respecto:
El modelo de impunidad español no es circunstancial ni una herencia
del pasado, sino un elemento consustancial y definitorio del régimen de
la Transición. Cuando se define el modelo de transición español como
exportable a otros países, de lo que se trata realmente es de exportar a
los países que salen de una dictadura, la impunidad de los crímenes y
de los criminales, así como garantizar el estatus de los sectores que se
han beneficiado económicamente con la dictadura.
El movimiento social por la recuperación de la memoria democrática ha
sido desde hace 10 años, la base en la que se ha sustentado
esencialmente, la crítica al modelo de impunidad y al régimen de la
transición. La vigencia jurídica de las sentencias franquistas, y
fundamentalmente, la pervivencia de las fosas comunes del franquismo,
con decenas de miles de asesinados desaparecidos, supone el
cuestionamiento de la vigencia del estado de derecho en España, y de su
carácter democrático. Asimismo, las denuncias de las víctimas del
franquismo muestran cómo el régimen de la monarquía bananera ha
vulnerado sistemáticamente, y lo sigue haciendo, el derecho penal
internacional y los derechos humanos.
Si bien la Ley de Sucesión de 1969 y el nombramiento de Juan Carlos
de Borbón son actos ilegales, llevados a cabo por un régimen dictatorial
ilegítimo en su origen, los medios de comunicación vienen argumentando
que Juan Carlos de Borbón recibió de Franco un poder absoluto, del que
tuvo a bien renunciar y entregarlo al pueblo español. Por el contrario,
es notorio que aceptó de buen grado la entrega de la soberanía nacional y
popular secuestrada por los franquistas a punta de pistola en 1936.
Este comportamiento, en caso de tratarse de un objeto material, está
tipificado en el Código Penal como delito. Incluso hemos de recordar que
ejerció como jefe de estado en funciones durante los largos periodos de
enfermedad del dictador, en momentos en los que las cárceles estaban
llenas de presos políticos y se asesinaba a luchadores antifascistas
mediante piquetes de fusilamiento y garrote vil. En ningún momento
utilizó el monarca su prestigio y su posición en el Régimen para impedir
o denunciar esos excesos, siendo su colaboración condición necesaria
para su ejecución.
La dictadura franquista no acabó el 20 de noviembre de 1975 con la
muerte física de Franco. Se extendió legalmente hasta la proclamación de
la Constitución en diciembre de 1978, o al menos, hasta las primeras
elecciones generales, en Junio de 1977. Por tanto, Juan Carlos de Borbón
es el segundo titular como Jefe de Estado de la dictadura franquista.
Entre la muerte de Franco y la promulgación de la Constitución, se
siguieron produciendo centenares de vulneraciones de los derechos
humanos: asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, etc… por parte
del aparato estatal franquista y de grupos armados parapoliciales. Todos
esos crímenes, coetáneos con los que se están juzgando actualmente en
otros países que padecieron dictaduras militares, permanecen impunes en
España. Franco murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle:
cada avance en la conquista de derechos, cada renuncia de la dictadura
en su fase terminal se produjo, no por una amable concesión del Borbón y
de sus adláteres, sino producto de la presión y la movilización popular
de los movimientos obrero, estudiantil y vecinal, entre otros
colectivos.
Hoy sabemos sobradamente que el proceso electoral de 1977, que
construyó una nueva legalidad democrática y que llevó a que las
instituciones de la República en el exilio se disolvieran
voluntariamente, no solamente estuvo teñido de notorias irregularidades
—denunciadas entonces por el propio Presidente de la República en el
exilio, José Maldonado—, sino que esa impunidad se ha revelado de tal
magnitud que impide, desde valores democráticos, afirmar la legitimidad
del actual régimen monárquico. El referéndum del 6 de diciembre de 1978
fue un acto de liquidación de las Leyes Fundamentales, pero no de
legitimación de la Monarquía.
Desde la elección de don Manuel Azaña como Presidente de la República
española, hace 78 años, se ha impedido al pueblo español la libre
elección de su Jefe de Estado. El argumento de que el establecimiento de
la forma de Estado actual se decidió libremente en el referéndum
constitucional de 1978, es más que discutible:
1. Las elecciones de 1977 no fueron convocadas con una
apelación expresa a la soberanía popular de carácter constituyente, este
carácter fue sobrevenido y zonas clave del tejido constitucional
quedaron fuera de la discusión como por ejemplo el papel del ejército,
la iglesia y, por supuesto, la propia monarquía. Las únicas elecciones
constituyentes de acuerdo a derecho que hubo en España en el siglo XX
fueron las de Junio de 1931.
2. Se prohibió la participación en las mismas de los partidos
republicanos, y de todas las formaciones políticas que cuestionaban la
monarquía.
3. Las elecciones de 1977 y el referéndum constitucional se
celebraron sin que se hubieran producido previamente unos comicios
municipales. Por tanto, se llevaron a cabo con todos los aparatos del
Estado central, municipal y diputaciones en manos de falangistas y
franquistas (en algún caso recién conversos a la democracia). Todas las
formas de manipulación y coacción se pudieron ejercer, sobre todo en las
localidades más pequeñas.
En estos años desde el final de la II República Española en junio de
1977, el estado español realmente existente, la Monarquía emanada en
última instancia de las leyes franquistas, que pasó a ser parlamentaria
con la Constitución Española del 78 (CE 78), sigue considerando como
«legales» los tribunales y sentencias franquistas, como culpables a sus
víctimas y como aceptables el robo masivo y el expolio al que fueron
sometidos. Ninguna esperanza hay de que eso cambie con este régimen.
En 39 años de monarquía parlamentaria, el jefe del estado escogido
por Franco no tuvo ni una palabra, ni un gesto de humanidad hacia los
cientos de miles de víctimas del golpe y la dictadura, y el Estado ha
intentado desesperadamente impedir que se avance en la lucha por la
Verdad, la Justicia y la Reparación. Solo hay una explicación: la
dictadura de Franco tuvo dos jefes de estado, uno el propio Franco, el
otro, su sucesor «a título de Rey», Juan Carlos Borbón, responsable por
tanto de los crímenes cometidos por aquel régimen. Monarquía e Impunidad
van juntos. La actual discusión sobre el estatuto del rey tras su
abdicación es por tanto irrelevante, no depende de su nivel de
protección legal o aforamiento, sino del mantenimiento de la impunidad.
El precio que debe pagarse para mantener la Monarquía Parlamentaria es
la prolongación de la impunidad. Este es un chantaje a la soberanía
popular que no puede mantenerse.
La legalidad construida en estos años desde la CE 78 se ha basado en
la mentira, el desprecio y la ocultación de la impunidad. No se debe
admitir otra legitimidad que la de la II República que robaron al Pueblo
a sangre y fuego. Lo exige la Verdad, la Reparación y la Justicia, el
respeto a la dignidad de los que lucharon, de los que entregaron sus
vidas y de los que hoy sufren sin esperanza. Una República de
Trabajadores, unidos en régimen de libertad y justicia (art.1 CE 31) es
imprescindible para vencer en las luchas del presente y ganar el futuro.
No habrá cambios sustanciales, ni resistencia a la Troika, ni leyes
sociales, ni servicios públicos, ni educación, ni sanidad públicas, no
habrá nada de lo que se necesita, si no se derrota al bloque oligárquico
dominante cuya tapadera ideal es la impunidad, cuyo mayor garante es la
institución monárquica.
Decir República en este país de países, es decir cultura,
antifascismo, justicia social, laicismo y un largo etcétera de elementos
positivos para definir una sociedad. Esa palabra evoca con su sola
presencia la dignidad de un pueblo que supo luchar por su libertad y por
un mundo nuevo. En estos días en los que sale un Borbón, entra otro y
el régimen pretende refundarse, es más preciso que nunca aprender de la
memoria histórica. El Hilo Rojo de la memoria tiene sus enemigos, son
los que quieren desconectar la experiencia de las luchas del pasado con
las del presente, para así dejarnos sin futuro.
Desde la Federación Estatal de Foros por la Memoria denunciamos al
Régimen por garantizar la permanencia de la Impunidad del Franquismo
como cemento indeseable de la Monarquía y de las relaciones sociales de
poder heredadas del franquismo, y hacemos también responsables a los que
lo silencien. Mientras persista la Impunidad no habrá condiciones
democráticas plenas.
Valoramos positivamente la propuesta de referéndum que se viene
haciendo estos días sobre la forma de Estado, como una apuesta
estratégica para confrontar el derecho a decidir de los ciudadanos, con
imposición de la sucesión monárquica. Creemos que la propuesta de
referéndum es sin embargo inviable, ya que el régimen no puede consentir
el cuestionamiento de la institución monárquica, pilar fundamental del
modelo de impunidad y de los poderes económicos causantes y
beneficiarios de la actual crisis. La exigencia de referéndum sobre la
forma de Estado deja de manifiesto la absoluta incompatibilidad entre
monarquía y democracia.
Es una evidencia el carácter indisoluble de la lucha contra la
impunidad del franquismo y la apuesta por sustituir el actual régimen
monárquico por una República democrática socialmente avanzada: Las
víctimas del franquismo no pueden esperar ningún tipo de justicia del
régimen monárquico, reinstaurado por la voluntad de Franco; la lucha
contra la impunidad de los crímenes franquistas, por la justicia para
todas sus víctimas, y por la ilegalización del franquismo, es un
elemento central para el cuestionamiento del régimen monárquico de la
Transición.
Promover en estas circunstancias iniciativas insuficientemente
sustentadas como una Comisión de la Verdad, es una apuesta cuando menos
irreflexiva, tal y como hemos explicado repetidamente, que sólo serviría
para legitimar la sucesión borbónica en el contexto de una segunda
transición, y acabaría apuntalando aún más el modelo español de
impunidad. El movimiento republicano y memorialista no debe prestarse a
ello, transformándose en cómplice de los que quieren mantener la
impunidad.
La Federación Estatal de Foros por la Memoria, por tanto, entiende que no habrá verdadera democracia hasta que:
1. Se reconozca en sede parlamentaria a la II República y a
sus defensores y defensoras como referentes democráticos, al mismo
tiempo que se declara ilegal el régimen franquista, haciéndolo constar
en el preámbulo de la Constitución. Entendemos que esta cuestión es
absolutamente incompatible con el régimen monárquico de la transición.
2. Se acabe con el modelo de impunidad español asentado en la
Ley de Amnistía de 1977 y la denominada popularmente Ley de Memoria de
2007, aplicando el Derecho Penal Internacional para los crímenes del
franquismo y todos los efectos jurídicos, políticos, sociales y
económicos que se deriven de la aplicación de los principios de Verdad,
Justicia y Reparación.
3. Se investiguen las relaciones de la familia Borbón con el
franquismo, en especial las del recién abdicado Juan Carlos de Borbón,
al cual desean seguir manteniendo bajo un manto de impunidad, declarando
ilegal su invulnerabilidad. Hay demasiadas preguntas sin respuesta, y
demasiadas evidencias como para que se exija. La impunidad se hereda con
la corona y el régimen pervive gracias a la impunidad de la corte de
obispos, banqueros, grandes empresarios y pícaros de toda ralea que
pululan alrededor de la corona. Ni qué decir tiene que esa corte,
heredada del propio Franco, se nutre y se ha nutrido gracias a la
impunidad, por lo que entendemos que esa investigación debe hacerse
extensiva a todos los valedores de la corona.
Federación Estatal de Foros por la Memoria, Junio de 2014.
