El País, 23/12/2010El texto ha sido ratificado por 21 países de los 87 que lo firmaron hace cuatro años
EL PAÍS / AGENCIAS – Madrid / Ginebra -
La Convención Internacional de Protección contra las Desapariciones Forzadas, de las que son víctimas varias decenas de miles de personas, especialmente en América Latina, ha entrado hoy en vigor, cuatro años después de su aprobación, ha dado a conocer la ONU. El proceso se ha llevado a cabo después de su ratificación por Irak, el 23 de noviembre, y Brasil, el 29 del mismo mes, por lo que ya son 21 países, de los 87 firmantes, los que han ratificado la Convención. En virtud de las reglas internacionales, una Convención puede entrar en vigor tras haber sido ratificada por 20 estados.
El nuevo texto obliga a los países que lo respaldan a sancionar penalmente la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad perpetrada por funcionarios o grupos ligados al Estado. La Convención prevé igualmente que los países firmantes indemnicen a las víctimas directas de desapariciones forzadas y que estos actos pueden constituir un crimen contra la humanidad cuando sean generalizados o sistemáticos.
La noticia ha sido bien acogida la ONG Human Rights Watch que considera que esta Convención “debería reforzar los esfuerzos internacionales para acabar con esta práctica terrible”. “La entrada en vigor de este tratado es un hito inmensamente importante, pero, para acabar con esta práctica, será necesario que todos los países reconozcan que es inaceptable secuestrar a personas y esconderlas”, ha señalado Aisling Reidy, asesora legal principal de la ONG pro derechos humanos.
Celebración en Argentina
Según Cruz Roja, varias decenas de miles de personas en Irak esperan aún noticias de familiares desaparecidos desde el año 1980, mientras que en Bosnia son más de 10.000 los que no tienen información de sus personas cercanas tras el conflicto de los años noventa. Human Right Watch añade que la situación es igual de preocupante en el norte del Caucaso, especialmente en Chechenia , en Oriente próximo, América Latina y Pakistan, “donde cientos de personas han desaparecidos desde 2001″.
Argentina también ha celebrado la entrada en vigor de la Convención impulsada por este país y Francia ante Naciones Unidas. El canciller argentino, Héctor Timerman, que ha celebrado la plena vigencia junto al embajador francés en su país, Jean Pierre Asvazadourian, ha destacado que el texto “marca un punto de inflexión histórico en la lucha liderada en forma mancomunada por el movimiento de derechos humanos y la comunidad internacional por la dignidad de las personas y la salvaguardia de su integridad física y moral”. Timerman ha recordado a las “30.000 personas” desaparecidas durante la dictadura argentina (1976-1983) y ha destacado que para sus compatriotas “es de especial significación la continua expansión en el Derecho Internacional con la calificación de las desapariciones forzadas masivas o sistemáticas como un crimen de lesa humanidad”
Los países que han incorporado a sus legislaciones este instrumento internacional son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Francia, Alemania, Honduras, Irak, Japón, Kazajistán, Malí, México, Nigeria, Paraguay, Senegal, España y Uruguay.
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Entra/vigor/Convencion/Internacional/Proteccion/Desapariciones
EL PAÍS / AGENCIAS – Madrid / Ginebra -
La Convención Internacional de Protección contra las Desapariciones Forzadas, de las que son víctimas varias decenas de miles de personas, especialmente en América Latina, ha entrado hoy en vigor, cuatro años después de su aprobación, ha dado a conocer la ONU. El proceso se ha llevado a cabo después de su ratificación por Irak, el 23 de noviembre, y Brasil, el 29 del mismo mes, por lo que ya son 21 países, de los 87 firmantes, los que han ratificado la Convención. En virtud de las reglas internacionales, una Convención puede entrar en vigor tras haber sido ratificada por 20 estados.
El nuevo texto obliga a los países que lo respaldan a sancionar penalmente la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad perpetrada por funcionarios o grupos ligados al Estado. La Convención prevé igualmente que los países firmantes indemnicen a las víctimas directas de desapariciones forzadas y que estos actos pueden constituir un crimen contra la humanidad cuando sean generalizados o sistemáticos.
La noticia ha sido bien acogida la ONG Human Rights Watch que considera que esta Convención “debería reforzar los esfuerzos internacionales para acabar con esta práctica terrible”. “La entrada en vigor de este tratado es un hito inmensamente importante, pero, para acabar con esta práctica, será necesario que todos los países reconozcan que es inaceptable secuestrar a personas y esconderlas”, ha señalado Aisling Reidy, asesora legal principal de la ONG pro derechos humanos.
Celebración en Argentina
Según Cruz Roja, varias decenas de miles de personas en Irak esperan aún noticias de familiares desaparecidos desde el año 1980, mientras que en Bosnia son más de 10.000 los que no tienen información de sus personas cercanas tras el conflicto de los años noventa. Human Right Watch añade que la situación es igual de preocupante en el norte del Caucaso, especialmente en Chechenia , en Oriente próximo, América Latina y Pakistan, “donde cientos de personas han desaparecidos desde 2001″.
Argentina también ha celebrado la entrada en vigor de la Convención impulsada por este país y Francia ante Naciones Unidas. El canciller argentino, Héctor Timerman, que ha celebrado la plena vigencia junto al embajador francés en su país, Jean Pierre Asvazadourian, ha destacado que el texto “marca un punto de inflexión histórico en la lucha liderada en forma mancomunada por el movimiento de derechos humanos y la comunidad internacional por la dignidad de las personas y la salvaguardia de su integridad física y moral”. Timerman ha recordado a las “30.000 personas” desaparecidas durante la dictadura argentina (1976-1983) y ha destacado que para sus compatriotas “es de especial significación la continua expansión en el Derecho Internacional con la calificación de las desapariciones forzadas masivas o sistemáticas como un crimen de lesa humanidad”
Los países que han incorporado a sus legislaciones este instrumento internacional son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Francia, Alemania, Honduras, Irak, Japón, Kazajistán, Malí, México, Nigeria, Paraguay, Senegal, España y Uruguay.
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