José Mª Pedreño. Federación Estatal de Foros por la Memoria - 2 Julio 2010
Hoy se hace más necesaria que nunca la ruptura con el franquismo que no se hizo hace 30 años.
Para entender mejor los pactos de la Transición debemos tener en cuenta el contexto internacional en que se produjeron. La política de bloques surgida de la “guerra fría” todavía tenía plena vigencia, posibilitando el consenso y la concertación en medio de una crisis económica derivada de la subida del precio del petróleo en 1973 y el agotamiento político de la dictadura que se había trasformado en un lastre para el desarrollo del capitalismo español. Tenemos que recordar que la reforma política del “régimen” fue acompañada de acuerdos sociales y económicos (“Pactos de la Moncloa”).
La irrupción del neoliberalismo, traído de la mano por los gobiernos de Felipe González y profundizada su introducción por los gobiernos de Aznar, se produce en un contexto de caída y posterior hundimiento del bloque socialista europeo y, por tanto, del final del mundo bipolar existente hasta esos momentos que era, en definitiva, lo que propició la concertación necesaria para intentar construir un estado democrático, social y de derecho. A partir de ese momento el proyecto político, económico y social surgido de la Transición entró en crisis y, en la actualidad, hace aguas por todas partes: desprestigio de la política, desideologización de la izquierda y fortalecimiento ideológico de la derecha – que muestra cada vez más su faz antidemocrática-, corrupción generalizada, la libertad limitada por la propiedad privada, el “dios mercado” dirigiendo nuestras vidas, la justicia al servicio de los poderosos, un modelo de estado obsoleto e incapaz de dar soluciones a las aspiraciones de los distintos pueblos del estado, chantajes constantes de la jerarquía de la Iglesia Católica cuestionando cualquier avance social -al mismo tiempo que salen a la luz múltiples casos de pederastia y escándalos financieros en su seno-, control de la política por los grandes poderes económicos, sustitución de la economía productiva por la economía especulativa, el paro alcanzando cifras históricas, el modelo educativo en crisis, la sanidad cada vez más deteriorada y amenazada por la privatización, la xenofobia y el racismo como ideología frente a la crisis económica, la manipulación informativa como norma, pérdida de derechos sociales y económicos de las clases populares, transformación de servicios públicos en negocios… y un largo etcétera que cada uno podríamos ir agrandando con nuestras aportaciones.
A la vista de esta situación está claro que se ha producido el final de un ciclo histórico en el que se unen una crisis de valores, una crisis ideológica y una crisis económica que, hoy por hoy, sólo padecen las clases populares. El respeto a los derechos sociales y económicos es cada vez más precario mientras que los grandes poderes de siempre ostentan, en estos momentos, la mayor acumulación de capital y de poder político de toda la Historia. La democracia se ha reducido a votar cada cuatro años a representantes que se ponen a las órdenes de los grandes poderes económicos y políticos -tanto de dentro como de fuera-, y dan la espalda a quienes les han elegido. Los derechos políticos, sociales y económicos pactados en la Transición se han ido esfumado hasta llegar casi a la nada.
La llegada a la madurez de la llamada “generación de los nietos”, la pérdida de referentes reales en la izquierda y la destrucción del estado social a la que estamos asistiendo desde hace años -y en paralelo el deterioro del estado de derecho- ha dado como resultado la irrupción de nuevos actores políticos y sociales en un escenario completamente distinto al de 1977. Los viejos actores, argumentando en este nuevo escenario la imposibilidad de anular “La Ley de Amnistía del 77” (contraria al derecho penal internacional y que no sólo amnistiaba a los franquistas, sino que al hacerlo con los demócratas reconocía la legalidad de los tribunales franquistas) y sustituirla por una ley que declare ilegal el franquismo y todos sus actos jurídicos represivos (sería lo suyo: si los tribunales franquistas son declarados ilegales, la amnistía sería innecesaria), transcurridas tres décadas de la misma, confirma que las fuerzas antidemocráticas han avanzado en sus planteamientos ideológicos, y que las fuerzas democráticas, al aferrarse a todas sus renuncias, han retrocedido en los suyos. Hay un nuevo escenario y nuevos actores que entienden que la democracia no tiene porque ser algo inmóvil, que siempre se debe profundizar en ella y que, además, una sociedad democrática debe avanzar hacía mayores cotas de participación, libertad y justicia social.
El inmovilismo, quedarse en el “Espíritu de la Transición”, en los “Pactos de la Moncloa”, en la “Ley de Amnistía de 1977” y en la “Constitución de 1978”, supone un estancamiento que forma parte del origen de la situación actual. El Pueblo español perdió su soberanía con la derrota frente al fascismo y aún no la ha recuperado totalmente, por lo que son los grandes poderes políticos y económicos los que deciden por él. La obligación de la izquierda es luchar para cambiar esta tendencia. Las organizaciones clásicas deben asumir el compromiso histórico de encabezar la resistencia frente al injusto sistema en que vivimos, y si no lo hacen deberían apartarse para que otros puedan construir el instrumento político necesario para hacerlo. La Memoria Histórica debe ser uno de los elementos de construcción de esa resistencia: la tradición de lucha de la izquierda frente al fascismo y la explotación no puede ser dilapidada aferrándose a pactos que otros dejaron de cumplir hace años.
Aún reconociendo que en aquellos momentos la mayoría pensábamos que se conseguía avanzar hacía un imperfecto régimen de libertades, también se dijo que aquello era un punto de partida; transcurridas tres décadas, no sólo no hemos avanzado, sino que estamos en franco retroceso. Se nos explicó que era necesario negociar con los franquistas para conquistar la democracia y, también, que más adelante conseguiríamos nuevas conquistas políticas y sociales, y que se seguiría luchando por aquello a lo que habíamos renunciado en aquellos momentos. Pasado todo este tiempo la izquierda institucional sigue defendiendo, inexplicablemente, todas aquellas renuncias.
Hoy se hace más necesaria que nunca la ruptura con el franquismo que no se hizo hace 30 años. De no hacerlo así, estamos abocados a una situación en la que la tendencia hacía el fin del estado de derecho será imparable.
La tibieza con la que las fuerzas parlamentarias democráticas están actuando, sin atender derechos irrenunciables (Verdad, Justicia, Reconocimiento y Reparación), está permitiendo que los planteamientos ideológicos de las fuerzas antidemocráticas de la derecha española se transformen, poco a poco, en opinión reconocida y asumida como verdad por una buena parte de la sociedad. Podríamos decir –en palabras de Carlos París- que la izquierda institucional padece del llamado “Síndrome de Estocolmo”, es prisionera de sus propias renuncias y ha aceptado, sin más, su situación de derrotada sin que se vislumbre, con claridad, ningún atisbo de rebelión. Aún no ha comprendido que la Transición tenía fecha de caducidad y que ésta ya ha llegado.
