El País, - 3 Mayo 2010
Un doctorando de la UNED reconstruye la red donde se perdía el rastro de los presos
RAFAEL FRAGUAS – Madrid – 02/05/2010
Apoyo oficial -sin fondos- prometido esta semana por la presidenta regional para poderlos buscar tantos años después. Los desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo en la Comunidad de Madrid siguen siendo en gran medida una incógnita. Fuentes del Ministerio de Justicia aseguran que, de las 1.793 fosas comunes documentadas en España, restos humanos procedentes de 511 de ellas fueron trasladados desde distinos puntos de España al Valle de los Caídos. De esas fosas, 45 se hallaban en Madrid, entre otros lugares en Colmenar Viejo y San Lorenzo de El Escorial. El ministerio incluyó la fosa de Paracuellos del Jarama, pero no ha recibido información ni dato alguno de ella de ninguna asociación.
Trazar el mapa donde desaparecieron los detenidos en Madrid por supuestos motivos políticos al comienzo de la posguerra civil implica seguir una senda erizada de dificultades. Muy pocos se han atrevido a adentrarse por ella. Sin embargo, Antonio Ortiz, licenciado en Historia Contemporánea y doctorando de la Universidad Nacional de Enseñanza a Distancia (UNED), ha sorteado los obstáculos y acometido tal tarea. En ella ha consumido casi dos años. Para realizarla, cotejó la información de prensa escrita de la época sobre detenidos republicanos (un millar de citas) y su reflejo en la lista oficial de fusilados en el cementerio del Este a partir del 30 de marzo de 1939, fecha de la entrada de las tropas de Franco en Madrid.”Me propuse completar las biografías de los 2.663 fusilados que figuran como tales en la lista nominal del cementerio”, explica el historiador Antonio Ortiz, también diplomado en Estudios Avanzados por el Departamento de Historia Contemporánea de UNED y técnico municipal de IU. “Obtuve la relación oficial publicada en la prensa, en la que a los detenidos políticos se les tildaba de ‘asesinos’ y ‘ladrones’; de ellos se decía que habían pasado a comisarías. Entonces”, añade Ortiz, “cuando acudí a la lista del cementerio y la contrasté con las difundida por Abc y otros periódicos, vi que, de 1.000 casos de detenidos, sólo un 15% figuraba en la relación del cementerio. Y si no habían sido fusilados, ¿dónde fue a parar el 85% restante de aquéllos que las notas de prensa oficiales motejaban como ‘ejemplos de maldad y a los que se atribuía haber asesinado y robado a condes, sacerdotes y monjas’, cargos estos gravísimos en una posguerra recién inaugurada?”, pregunta.
Ello le lleva a presumir la existencia de un agujero negro donde se pierde el rastro -ya sea en comisarías, en campos de concentración, cuarteles, sedes de Falange o prisiones- de un 85% del millar de casos que hasta ahora ha conseguido documentar. Aplicando igual proceder a las cárceles, dada la inexistencia de estudios sobre éstas (a excepción de un informe sobre la cárcel de Ventas -en el que coincide casi el número de fusilamientos y del de fallecimientos por todas las causas-), Antonio Ortiz estima que se ejecutaron unos 2.000 fusilamientos o se produjeron desapariciones en prisión no registrados en el cementerio del Este. Galeazzo Ciano, ministro de Mussolini, aseguró que en Madrid en las primeras fechas de la posguerra se fusilaba a 250 personas al día.
“Cuando se daba noticia de detenciones, la información publicada en prensa, sobre todo en Abc, acostumbraba a titular que habían sido capturados ‘asesinos con móviles de robo’, para encubrir el carácter político de la represión”, afirma. Sus nombres eran difundidos en requisitorias oficiales, bien policiales, militares o judiciales. Todos los diarios las publicaban junto con las informaciones sobre delitos comunes habituales.
“Las fuerzas ocupantes de Madrid contaban con listas de aquellas personas supuestamente combatientes o simpatizantes del bando republicano. Las relaciones habían sido pacientemente elaboradas desde 1936, al comienzo de la Guerra Civil, por la llamada quinta columna”, explica el historiador, que cita unas declaraciones publicadas a primeros de abril de 1939 por el diario Abc del coronel José Ungría, jefe del servicio de Información Militar de Franco. “Desde los primeros momentos de la ocupación de Madrid, aquellos mismos listados se hallaban ya en poder de militares, policías, guardias civiles y jueces castrenses, así como en los puestos de control establecidos en comedores públicos, centros de detención, campos de concentración, comisarías, juntas de clasificación-depuración y oficinas de Falange”, subraya.
“Antes que nada es preciso fijar los lugares en los cuales se generaban las desapariciones”, explica el historiador. Así, una primera y decisiva medida represora fue, ya el 1 de abril de 1939, el tendido de una prieta red de hasta ocho puestos de control establecidos en los principales accesos de Madrid para impedir la huida o reagrupación de los vencidos. El puesto número 1 se hallaba en Puerta de Hierro; el 2, el puente del Rey, y los siguientes en Princesa, Puentes de Toledo y de Vallecas, así como en Ventas, Chamartín y Fuencarral. En estos focos, que componían un cerco, se registraban las primeras detenciones y de ellos arrancaban los traslados de multitud de personas atemorizadas que trataban de escapar, incluso algunas de ellas vestidas aún con los uniformes de combate, como han contado testigos consultados por Antonio Ortiz. No siempre los traslados culminaban con la entrega de los detenidos a los centros de detención. En ocasiones, la mera denuncia airada de un convecino era causa del asesinato sobre el terreno del recién capturado. El número de estos casos, en la situación de una ciudad recién tomada militarmente, resulta imposible de determinar.
“Otro de los lugares donde se producían los apresamientos de los que derivarían las desapariciones eran los comedores del llamado Auxilio Social”, añade en su estudio el historiador. Eran nueve establecimientos para quienes contaban con cartillas de abastecimiento. “La razón era sencilla: a los comedores los huidos debían acudir obligadamente si no querían morir de hambre, dadas las penurias y condiciones de la ocupación militar”. Existían además comedores para evacuados sin cartilla, según su procedencia: “Manchegos y murcianos, en la plaza de San Martín, 1; gallegos en Fuencarral, 93; aragoneses en el número 103 de la misma vía pública; en la plaza de Salamanca, navarros y riojanos; asturianos y santanderinos debían acudir a la Carrera de San Jerónimo; andaluces, a Mesón de Paredes; catalanes y valencianos en la calle de Toledo, 61; los extremeños en Plaza de la Cebada; castellanos en Preciados; vascongados (sic) en Gaztambide, 13 y los extranjeros en Puente de Vallecas, 36″.
Las Juntas de Clasificación y Depuración de funcionarios tenían ámbito territorial y operaban en 12 distritos de Madrid. Otras juntas eran gremiales, según las profesiones de los detenidos a “clasificar y depurar”: así, los dibujantes y fijadores de carteles debían acudir a Jorge Juan, 2 para su control; los funcionarios de Justicia, a San Bernardo, 17…
Según una orden del Gobernador general de Madrid, general Espinosa de los Monteros, luego embajador ante Hitler, “todos los que prestaron servicio en primera línea deberán presentarse con toda urgencia en los campos de concentración”, abiertos en Madrid para su clasificación. El mismo día 1 de abril ya habían sido concentrados en ellos 20.000 milicianos”, escribe Ortiz en su tesis, citando al diario Abc del 2 de abril de 1939. Según el historiador Javier Rodrigo, los campos estaban situados en los estadios del Rayo Vallecano y Metropolitano, en el Cuartel de la Montaña, Pinar de Chamartín, plaza de toros de Las Ventas y en los cuarteles de Guzmán el Bueno y El Pardo. Hubo asimismo un llamado depósito de prisioneros en el grupo escolar Miguel de Unamuno, en la calle de Batalla del Salado, que permaneció abierto hasta 1942 mientras los anteriores duraron desde abril hasta el fin de 1939.
Ángel Suárez y el Equipo 36 de investigadores publicó en la editorial Ruedo Ibérico, en 1976 en Francia, un informe donde relataba: “En el campo de concentración del Metropolitano, donde estaban reagrupados los detenidos republicanos, se presentaban comisiones de ciudades, pueblos y barrios. Estas partidas iban allí a escoger sus presos, a seleccionar a los que se iban a llevar para acabar con ellos en el escenario en el que (supuestamente) habían desarrollado sus actividades políticas (ellos, sus padres o sus abuelos) o bien para eliminarlos por el camino si éste era largo y en la camioneta (que traían) había poco sitio o no se podían aguantar las ganas hasta llegar allí”. Detenciones, torturas, muertes y desapariciones se produjeron también en muchas de las 12 comisarías de distrito, entre ellas la de Vallecas, donde el entonces panadero, y luego dirigente comunista Simón Sánchez Montero, fue torturado, como muchos otros, por el comisario Roberto Conesa, según recogen los periodistas Fernando Jáuregui y Pedro Vega en su Crónica del antifranquismo. Algo parecido sucedía en muchos de los ocho cuarteles de la Guardia Civil distribuidos entre Peñagrande y Vallecas. “A todo ello había que añadir las 10 delegaciones de distrito de Falange”.
Además, centros de detención y tortura donde se registraron estadías de detenidos posteriormente desaparecidos fueron las comisarías de Serrano, Fomento y, sobre todo, la de Almagro; la de Policía Militar de Núñez de Balboa, 31; un secadero de pieles de Fuencarral, y los Servicios de Información de Falange.
Madrid tenía en aquellas fechas iniciales seis prisiones de mujeres y más del doble masculinas. El recorrido de muchas de las víctimas que no habían muerto en los centros de detención culminaba en los cementerios. Eran 13, desde el del Este, en cuyas tapias murieron fusiladas miles de personas, hasta los de Villaverde, Carabanchel Alto y Bajo, Vallecas, El Pardo, Fuencarral, Aravaca, Barajas, Canillas y Canillejas. En su estudio de doctorado, Ortiz señala que “no sólo se fusilaba en los cementerios, sino también en la propia cárcel y a garrote vil”, como ha revelado Marcos Ana en su libro Decidme cómo es un árbol, al que el historiador cita en varias ocasiones.
Crímenes en el asedio
Las autoridades franquistas difundieron durante 39 años los crímenes cometidos en el bando republicano durante la Guerra Civil. De 3.000 a 10.000 personas (2.500 en Paracuellos del Jarama, según Edward Malefakis) entre falangistas, aristócratas, terratenientes, religiosos de ambos sexos y militares monárquicos por el mero hecho de serlo, o bien ciudadanos sospechosos de militancia contra la República, fueron detenidos arbitrariamente. En muchas ocasiones fueron asesinados por partidas armadas fuera del control policial. El descontrol arreció tras la matanza de 1.800 republicanos en la plaza de toros de Badajoz y tras el cerco de los militares rebeldes que, desde la Casa de Campo, bombardeaban Madrid y alardeaban por radio de contar con una quinta columna clandestina que combatía a su favor. Una obsesiva caza del supuesto quintacolumnista acentuó los crímenes, que el Gobierno legítimo de la República, refugiado en Valencia, pudo atajar una vez reorganizada la Policía y creado un Ejército Popular.
En el bando franquista se ajustició a los denunciados por tales crímenes. Los asesinatos y desapariciones en la posguerra madrileña permanecen impunes.
http://www.elpais.com/graficos/espana/rastro/desaparecidos/elpgranac/20100502elpepunac_5/Ges/
